El primero en las quinielas parece ser Harold Hamm, un magnate milmillonario de la industria petrolera y fuerte promotor de la fracturación hidráulica o fracking. Entre sus movimientos más polémicos se asegura que llegó a decir al decano del Facultad de la Tierra y la Energía de la Universidad de Oklahoma que quería que despida a investigadores de la universidad que estaban estudiando la conexión entre el desarrollo de petróleo y gas y el aumento de la actividad sísmica en el estado.
Otro en la lista es Kevin Cramer, legislador por Dakota del Norte, el segundo estado, detrás de Texas, que más petróleo y gas produce en Estados Unidos. Cramer, asesor de Trump en energía durante la campaña, es defensor del fracking y se autocalifica como escéptico del cambio climático, al que considera un producto del "populismo político". Es partidario de fijar un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono "para ayudar a financiar la investigación y el desarrollo de combustibles fósiles limpios, no para financiar al gobierno, no para castigar la generación de combustibles fósiles, no para manipular la elección del combustible".
Robert Grady, capitalista de riesgo y que ya fue funcionario tanto durante el gobierno de George Bush padre como de su hijo, es otro mencionado, aunque también figura en la lista de los candidatos a secretario de Interior.
De lo que no hay dudas, a tenor de sus propias declaraciones, es que Donald Trump tiene un plan para descartar la mayor parte de lo que el actual presidente Barack Obama logró en materia de energía y medio ambiente.
Entre sus puntos destacados, Trump ha prometido "cancelar" la participación de su país en el acuerdo climático internacional de París, disponer tierras federales para la perforación del petróleo y el gas y la extracción de carbón, eliminar las regulaciones propuestas para controles de emisión de metano, reducir el papel de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su acrónimo en inglés) y retirar el Plan de Energía Limpia, propuesto por Obama para impulsar a las empresas de servicios públicos hacia una reducción de las emisiones de carbono.
