Desde hace dos años la empresa, que con el 35% por ahora sigue en manos de la familia Pescarmona, comenzó a tener conflictos económicos a partir de las entradas en deudas impagas desde Venezuela y Brasil, dos países donde contaba con fuertes inversiones, incluso con una fábrica de aerogeneradores en el segundo que debió cerrar y donde aún manteine una contencioso judicial.
El proceso de negociación fue complicado aunque ahora, con el convenio al que se ha arribado con un importante núcleo de acreedores mayoritarios, se logró la firma de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que le permitirá a la empresa reorganizar su pasivo.
Entre sus acreedores hay desde organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento (CAF); el Eximbank y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a varias entidades bancarias oficiales como en Banco Nación y el Provincia. También existe deuda con bancos privados argentinos y extranjeros y empresas como Microsoft y Telefónica.
Se sabe que funcionarios tanto del Gobierno mendocino como del nacional intermediaron para que las negociaciones llegaran a buen puerto.
En este contexto, y en el marco de la subasta de energías renovables por 1.000 MW de potencia lanzada por el gobierno argentino, Impsa ha inaugurado una fábrica de aerogeneradores en la que se espera producir 300 MW anuales, escalable para duplicar esa potencia, a partir de molinos de 2 MW diseñados especialmente para los vientos de la región patagónica.
Según se afirma, los nuevos molinos tienen certificación internacional del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, la ISO 14001:2004 y la aplicación de normas constructivas internacionales.
Dentro de los 15 millones de dólares de inversión de la nueva planta debe sumarse un subsidio cercano a los 18 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para desarrollar un equipamiento de última generación.
