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Claves para promover proyectos ciudadanos de energías renovables

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La cuarta subasta de electricidad renovable del Perú, adjudicada en febrero de 2016, recibió 34 ofertas de parques eólicos, 24 de ellas eran de la misma empresa, Enel Green Power, y se concentraban en sólo dos regiones del país. Teniendo en cuenta que el funcionamiento de las subastas está basado en fomentar la competencia, no es de extrañar que los proyectos adjudicados se concentren en las áreas de mejores recursos y sean promovidos por grandes desarrolladores internacionales en detrimento de proyectos ciudadanos participativos.
Claves para promover proyectos ciudadanos de energías renovables

Entre el 11 y el 13 de septiembre se ha celebrado en México DF la Conferencia Internacional de las Energías Renovables (Mexirec). En ese marco se ha presentado el informe ‘Renewable Energy Tenders And Community [Em]Power[Ment]’, elaborado por la empresa consultora española Factor para la Red de Energías Renovables para el Siglo 21 (REN21). Un informe que analiza con detalle todas las barreras que se presentan para los proyectos ciudadanos participativos en el marco de las subastas. Además, se ha presentado el estado actual de las subastas de renovables en América Latina, así como la experiencia de la región en este tipo de proyectos. Finalmente se desarrolla una propuesta para conciliar las subastas y el desarrollo de proyectos ciudadanos participativos.

Los proyectos ciudadanos participativos de energías renovables se caracterizan por dos elementos principales: 1) los ciudadanos y las comunidades de la región donde se ubica el proyecto poseen, participan en, o controlan la producción de energía sostenible y 2) la mayoría de los beneficios directos del proyecto se distribuyen localmente. Estos proyectos aumentan la aceptación social y maximizan los impactos socioeconómicos positivos, al tiempo que minimizan los potenciales impactos sociales y ambientales adversos.

Tendencia creciente
En Europa y América del Norte existe una tendencia hacia una mayor participación ciudadana en el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables. Las cooperativas y los proyectos ciudadanos participativos en estas regiones ya no pueden calificarse como marginales, sino más bien como un “movimiento”.

Los principales mercados de electricidad a partir de fuentes renovables en América Latina y el Caribe están dominados ahora por los procesos de subasta, una tendencia que es probable que continúe en los próximos años. Participar en procesos de subasta –y ganar– requiere, entre otros, de considerable experiencia y de acceso a grandes reservas de capital, de los cuales no disponen en el mismo grado pequeños actores que los grandes desarrolladores especializados en renovables. En el proceso de subasta, aún con proyectos financieramente viables, los actores que adoptan un enfoque de proyecto único –incluyendo proyectos ciudadanos participativos de energías renovables– son penalizados frente a los grandes desarrolladores, que pueden distribuir los costes y riesgos de la subasta entre varios proyectos.

La solución propuesta por REN21 para conciliar los proyectos ciudadanos con las subastas es realizar un proceso de adhesión posterior a la subasta para los proyectos ciudadanos participativos. El proceso de adhesión implica, ofrecer un contrato de compra de energía a los proyectos ciudadanos participativos con una tarifa basada en el resultado de la subasta. Es decir, se trataría de reservar una capacidad para proyectos ciudadanos y, después de celebrar la subasta, se ofrece un Feed-in tariff a los proyectos ciudadanos basado en el resultado de la propia subasta.

De ese modo, el proceso de adhesión capta tanto la eficiencia de las subastas como la efectividad de las tarifas determinadas administrativamente (feed-in tariffs). La fijación de límites, de tiempo para presentar y poner en marcha los proyectos ciudadanos, y de capacidad total a instalar, es necesaria para asegurar la eficiencia dinámica del proceso de adhesión.

El proceso de adhesión se vería ampliamente reforzado y acelerado mediante el establecimiento de objetivos nacionales ambiciosos, pero realistas, a medio y largo plazo para los proyectos ciudadanos participativos de energías renovables.

De forma complementaria al proceso de adhesión, se propone la creación de una autoridad de energía ciudadana, con funciones de apoyo técnico, jurídico y empresarial. Entre las que se podrían encontrar la función de asignar el status oficial de “proyecto ciudadano” a iniciativas que cumplan con los requisitos acordados; supervisar la continuidad en el cumplimiento de estos requisitos por parte de los proyectos que se benefician del proceso de adhesión; diseñar e implementar mecanismos financieros; desarrollar capacidades; y divulgar la energía ciudadana.

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