“Reconocemos -sostiene ACERA en el comunicado a través de su director ejecutivo Carlos Finat- que el Ministerio está habilitado para establecer criterios para la gestión de bienes fiscales a través de este tipo de ordenanzas y que no tiene obligación legal para pedir opiniones”. Y agrega: “Sin embargo, nos preocupa la forma como el Ministerio de Bienes Nacionales llevó a cabo esta Orden Ministerial, ya que ni ACERA ni las empresas que la integran han sido consultadas al respecto ni tampoco se dio algún espacio para poder entregar su opinión respecto de un tema tan importante para el desarrollo de las ERNC en el país”.
Entre los aspectos que sugiere modificar, la asociación sugiere los siguientes puntos:
"Estamos de acuerdo con los procesos de licitación de los inmuebles fiscales, no así con que la adjudicación se determine por criterios únicamente económicos, sin ponderar la seriedad, experiencia o respaldo de las empresas o si alguna de ellas cuenta con caracterización del terreno, particularmente si fue la promotora de una licitación.
"No nos parece óptimo que ciertas materias de la Orden Ministerial afecten la forma en que los desarrolladores han venido considerando sus proyectos desde hace meses o incluso años. ACERA considera que el carácter retroactivo de esta Orden Ministerial respecto de concesiones en trámite retrasará la tramitación de dichos procedimientos, introduciendo además un importante grado de incerteza jurídica para inversionistas nacionales y extranjeros que han ingresado al mercado de la ERNC.
"El Ministerio de Bienes Nacionales se atribuye e impone algunas decisiones técnicas sobre la calidad de los proyectos a ser ejecutados en los terrenos concesionados, para eso existen otros organismos técnicos competentes".
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