Según un comunicado del ministerio de Hacienda, "los objetivos del préstamo apuntan a elevar la competencia y eficiencia del mercado energético, mejorar su capacidad institucional, promover la diversificación y participación de las energías renovables, fomentar el uso eficiente de la energía, e incrementar los intercambios y la transferencia de energía a nivel internacional".
El crédito, que es por 12 años con un pago único que se hará en ese plazo y una tasa de interés Libor, será desembolsado en dos tramos de 50 millones de dólares cada uno, "asociados al cumplimiento de un conjunto de reformas acordadas entre el BID y el gobierno, con el fin de alcanzar los objetivos de la iniciativa".
El primer tramo está relacionado con "los avances que se han alcanzado como parte de la nueva Política de Energía de Largo Plazo (Energía 2050), la nueva Ley de Transmisión Eléctrica, así como otras acciones de política, normativas y directrices tendientes a promover el desarrollo de energías renovables, fomentar la eficiencia energética y facilitar la integración energética regional".
El segundo tramo, por su parte, se concretará fundamentalmente "contra nuevos avances acordados en la implementación de la Política de Energía (Energía 2050) y de la nueva ley de Transmisión Eléctrica".
"Los componentes del programa incluyen -afirma el comunicado ministerial- asegurar la consistencia y estabilidad del entorno macroeconómico, desarrollar una política energética de largo plazo e impulsar la competencia".
También "se busca mejorar y simplificar los esquemas y procesos tarifarios de monopolios naturales para facilitar la competencia, la incorporación de energías renovables y la reducción de las tarifas a los consumidores".
Incrementar la participación de energías renovables es otro objetivo del programa "a partir de mejoras normativas e institucionales", para contribuir a "alcanzar la meta de un 20% de inyección de este tipo de energías para el año 2025".
Finalmente, otro punto del programa es fomentar "el uso eficiente de la energía en el sector público y privado para lograr una meta de ahorro de 20% para 2025", además de apoyar "la integración energética regional con medidas que contemplarán desde el proceso de interconexión de los dos grandes sub-sistemas nacionales (SIC y SING), hasta la materialización de transacciones internacionales de energía, con el fin de aportar a la mejora del abastecimiento y la seguridad de suministro, y lograr beneficios económicos y ambientales".
El BID había anunciado en diciembre pasado la aprobación de un crédito de 100 millones de dólares "para financiar un programa que contribuirá a la sostenibilidad del sector energético de Chile por medio de un proceso de reformas en el sector que incluyen aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, y consideran las necesidades e intereses nacionales y regionales".
